Corrección de errores del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una corrección oficial de errores encontrados en el Decreto-ley 39/2020, que establecía medidas extraordinarias sociales para enfrentar las consecuencias de la COVID-19. Los errores fueron detectados en los anexos 4 y 5, que contenían información sobre tarifas de servicios asistenciales para centros de atención, residencias y unidades especializadas. **¿A quién afecta?** Afecta a los centros de servicios sociales y asistenciales que aparecen en esos anexos (residencias, centros de acogida, centros de día, unidades de atención especializada), así como a las administraciones que fijan tarifas y a los usuarios o familias que dependen de estos servicios. **¿Qué cambia o establece?** Corrige errores de escritura en los nombres de centros (principalmente cambios de mayúsculas y minúsculas), añade dos nuevas residencias para autismo a la lista de servicios —Mas Casadevall I y II, con tarifa de 130,20 € cada una—, y realiza ajustes en las tarifas y clasificaciones de servicios de atención a la infancia y adolescencia que se detallan en los anexos.
💬 Contexto ciudadano
La corrección de errores del Decreto-ley 39/2020 de Cataluña subsana errores detectados en los anexos 4 y 5 de esta norma de medidas extraordinarias sociales COVID-19, que contenían las tarifas de referencia aplicables a determinadas prestaciones. Los errores en las tarifas de una norma de prestaciones sociales son especialmente relevantes porque determinan el importe que percibirán los beneficiarios o que deben abonar los operadores. La corrección garantiza que los importes aplicados son los efectivamente aprobados por el Govern. Importa porque cualquier discordancia entre las tarifas erróneas y las correctas podría haber generado pagos indebidos o insuficientes en un momento crítico de la pandemia, cuando miles de ciudadanos catalanes dependían de las prestaciones y servicios sociales regulados en el decreto-ley, y porque la corrección rápida evitó litigios derivados de la aplicación de importes incorrectos.