ResoluciónNacionalvigente

Instrumento de ratificación de cuatro Enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Nueva York el 14 de diciembre de 2017 y en La Haya el 6 de diciembre de 2019.

BOE-A-2025-22789Publicada: 11/11/2025JEFATURA DEL ESTADO

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** España se suma a las enmiendas que amplían los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional (tribunal internacional que castiga los peores delitos contra la humanidad). Específicamente, se añaden nuevos supuestos al artículo 8.2 del Estatuto de Roma (el tratado fundacional de este tribunal). **A quién afecta** Principalmente a ciudadanos españoles o personas en territorio español acusadas de crímenes de guerra, conflictos armados o crímenes contra la humanidad. También a víctimas de estos delitos, que ahora tienen más caminos para obtener justicia internacional. Las autoridades españolas y la Fiscalía también deben conocer estas nuevas categorías delictivas para colaborar con la Corte cuando sea necesario. **Qué cambia** La Corte Penal Internacional ahora puede investigar y juzgar nuevas conductas relacionadas con conflictos armados que antes no estaban explícitamente tipificadas (castigadas por la ley). Esto significa protección más amplia contra abusos graves en guerras o conflictos internos, incluidos ataques a civiles, uso de armas prohibidas o destrucción de patrimonio cultural. **Cuándo entra en vigor** La ratificación se formalizó con estos instrumentos adoptados en 2017 y 2019. Una vez que España completa los trámites parlamentarios

💬 Contexto ciudadano

La ratificación española de las enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma extiende la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a nuevas conductas tipificadas como crímenes de guerra, aprobadas en la Asamblea de Estados Partes de 2017 (Nueva York) y 2019 (La Haya) en seguimiento de las enmiendas de Kampala de 2010. El Estatuto de Roma fue ratificado por España en el año 2000; el principio de complementariedad garantiza que la CPI solo actúa cuando España no puede o no quiere juzgar por sí misma. Solo 30-40 estados han ratificado estas enmiendas específicas, siendo España de los más activos en el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. Las nuevas conductas tipificadas incluyen el uso de armas biológicas, ataques a infraestructuras críticas y determinados crímenes en conflictos armados no internacionales. En el contexto de los conflictos de Ucrania y Gaza, la extensión de la jurisdicción de la CPI refuerza la posición española como promotora de la justicia penal internacional frente a impunidades sistémicas.

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