Real Decreto 1156/2020, de 22 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto aprueba un Acuerdo que amplía los recursos materiales y económicos que la Generalitat de Cataluña ya recibía del Estado para gestionar la Administración de Justicia. Se basa en acuerdos previos de 1990 que traspasaron competencias sobre estos medios a la comunidad autónoma. **¿A quién afecta?** Afecta a la Generalitat de Cataluña, que recibirá más financiación y recursos para los órganos judiciales catalanes. También afecta al Estado, que transfiere estos medios presupuestarios desde los Presupuestos Generales del Estado. **¿Qué cambia o establece?** Se amplían los medios traspasados en 1990 como consecuencia de la creación de nuevos órganos judicales. La Generalitat recibe más créditos presupuestarios para sostener estos juzgados y tribunales nuevos. Los créditos se transfieren desde los Presupuestos Generales del Estado y se reflejan en una revisión del Fondo de Suficiencia Global de Cataluña. Esta ampliación entra en vigor el día de la publicación en los boletines oficiales.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 1156/2020 amplía los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en el marco del proceso de transferencias iniciado por el Real Decreto 966/1990. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en asumir competencias sobre los medios materiales de Justicia, que en el resto del territorio sigue gestionando el Estado a través del Ministerio de Justicia. La ampliación de los medios traspasados refleja el crecimiento de la planta judicial catalana y la necesidad de actualizar los recursos asignados a los nuevos juzgados creados. Importa porque mejora la dotación de medios materiales de los juzgados catalanes con cargo al Estado, con impacto directo en la eficiencia y capacidad de los órganos judiciales para resolver los asuntos pendientes, en una comunidad con uno de los mayores índices de litigiosidad de España.