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ResoluciónNacionalvigente

Entrada en vigor del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, hecho en Washington el 23 de enero de 2019.

BOE-A-2021-896Publicada: 22/01/2021MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un acuerdo internacional de cofinanciación entre el Reino de España y dos instituciones financieras globales: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento. Este acuerdo fue firmado en Washington el 23 de enero de 2019. **¿A quién afecta?** Afecta a España como signataria del acuerdo y a los proyectos de desarrollo que se financien conjuntamente entre España y estas dos instituciones internacionales de crédito. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el acuerdo entró en vigor el 15 de enero de 2021, cuando España comunicó por escrito al Banco que había completado todos los trámites internos requeridos en su país para que el acuerdo tuviera efecto legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del propio acuerdo.

💬 Contexto ciudadano

# Contexto Comparativo España ha suscrito históricamente acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones internacionales, pero este Marco de Cofinanciación con el Banco Mundial (BIRF-AIF) de 2019 sistematiza y regulariza el acceso a financiamiento condicional para proyectos de desarrollo en sectores estratégicos. A diferencia de acuerdos bilaterales puntuales previos, este proporciona un instrumento permanente alineado con directivas comunitarias de cooperación internacional, similar a los instrumentos que otros Estados miembros de la UE mantienen con instituciones multilaterales. Su entrada en vigor el 15 de enero de 2021 (tras completarse los trámites internos requeridos) consolida España como socio activo en financiamiento global, en línea con compromisos europeos de cooperación al desarrollo. Para el ciudadano, importa porque moviliza recursos adicionales para infraestructura y servicios públicos en países en desarrollo sin aumentar presión fiscal nacional, y refuerza la posición negociadora de España en organismos internacionales donde estas instituciones participan en decisiones sobre cooperación económica global.

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