Orden MinisterialNacionalvigente

Orden UNI/22/2021, de 15 de enero, por la que se crea una Oficina de asistencia en materia de registros.

BOE-A-2021-839Publicada: 21/01/2021MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden que crea una oficina de asistencia en registros del Ministerio de Universidades. Esta oficina es un servicio administrativo que ayuda a los ciudadanos a relacionarse con la Administración mediante medios electrónicos. Se ubica en Madrid, en el paseo de la Castellana número 162. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos que quieran o necesiten presentar documentos ante cualquier administración pública, especialmente a quienes deseen usar medios electrónicos pero requieran asistencia en trámites como firma electrónica, identificación digital o presentación de solicitudes. También a quienes presenten documentos en papel que necesiten ser digitalizados. **¿Qué cambia o establece?** La oficina realizará funciones como digitalizar documentos en papel, expedir recibos de presentación, emitir copias electrónicas de documentos, asistir en identificación y firma electrónica, practicar notificaciones y crear poderes ante administración. Funcionará en horario general. La norma no supone incremento de gasto público; se financia con presupuestos ordinarios existentes.

💬 Contexto ciudadano

La Orden UNI/22/2021 responde a la necesidad de cerrar la brecha de acceso a la administración electrónica tras más de una década de reformas de digitalización estatal —iniciadas con la LRJSP de 2015— que se habían enfocado en disponibilidad técnica pero no en asistencia ciudadana. Mientras varias comunidades autónomas ya contaban con oficinas de asistencia similar, esta orden crea por primera vez un servicio nacional centralizado en el Ministerio de Universidades. Se alinea con directivas europeas de administración electrónica (Directiva 2014/55/UE) y refleja que la mera oferta de servicios digitales no garantiza su uso sin apoyo especial a colectivos con menor competencia digital, mejorando así la inclusión administrativa para ciudadanos menos familiarizados con tecnología.

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