Orden PCM/10/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRA/1081/2017, de 8 de noviembre, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público "Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020".
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica una norma anterior sobre un órgano administrativo encargado de supervisar los gastos del Programa de preparación de deportistas españoles para los Juegos de Tokio 2020. Este órgano revisa que el dinero gastado cumpla con los objetivos del programa. **¿A quién afecta?** Afecta a la Asociación Deportes Olímpicos y el Comité Paralímpico Español, que ejecutan el programa; al órgano colegiado que certifica los gastos; a las administraciones públicas involucradas, y en especial al Ministerio de Hacienda, cuya aprobación es necesaria para certificar cualquier gasto. **¿Qué cambia o establece?** Extiende la duración del programa hasta el 31 de diciembre de 2021 (antes finalizaba el 31 de diciembre de 2020) y establece que el órgano administrativo debe disolverse antes del 31 de octubre de 2022, una vez aprobados todos los gastos y cumplidas las obligaciones legales.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PCM/10/2021 representa una adaptación procedimental de la regulación anterior derivada del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia de COVID-19, extendiendo la operatividad de un modelo de supervisión presupuestaria que España empleaba desde 2017. Este enfoque de órganos colegiados para control de gastos en eventos de interés público es generalizado en la administración española y comunitaria, aunque no existe normativa específica comparable en otras CCAA respecto a programas deportivos olímpicos de análoga envergadura. La modificación establece una arquitectura de gobernanza con aprobación obligatoria del Ministerio de Hacienda para cada gasto, alineándose con principios de transparencia presupuestaria requeridos por la normativa de contratación pública estatal y comunitaria. Para el ciudadano importa porque determina cómo se gestiona el dinero público destinado al deporte de élite y garantiza que los fondos empleados en preparación de deportistas cumplan objetivos verificables antes de que el órgano supervisor se disuelva, asegurando responsabilidad administrativa en la inversión pública.