Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un real decreto-ley aprobado el 29 de diciembre de 2020 que adopta medidas financieras y sociales para hacer frente a la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de COVID-19. También permite que el Estado cumpla una sentencia judicial que obliga al pago de dinero a tres bancos y facilita las contribuciones de España a organismos financieros internacionales. **¿A quién afecta?** Beneficiarios del ingreso mínimo vital. Personas en riesgo de exclusión social o sin recursos que reciben ayudas para vivienda, alimentación, escolarización o atención básica de menores y personas con discapacidad. Mencionan específicamente a Banco Santander, CaixaBank y Bankia, que deben recibir indemnización. También afecta a contribuyentes que financian instituciones financieras multilaterales y a empresas con inversiones previstas en Canarias. **¿Qué cambia o establece?** Declara que el ingreso mínimo vital y otras ayudas sociales no cuentan como ingresos a efectos del impuesto sobre la renta, hasta un máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas. Autoriza al Estado a pagar 1.350,729 millones de euros a los tres bancos mencionados, más intereses, por dinero que adelantaron en 2014. Permite que España formalice sus aportes a organismos financieros internacionales aunque el compromiso y el primer pago ocurran en años distintos. Amplía un año los plazos para realizar inversiones en Canarias con beneficios de 2016.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto-ley 39/2020 adoptó medidas financieras de apoyo social y económico en los últimos días de diciembre de 2020, incluyendo la prórroga de moratorias hipotecarias, la extensión de protecciones para colectivos vulnerables y un mecanismo de cumplimiento de sentencias judiciales condenatorias al Estado. La norma se aprobó sin posibilidad de tramitación parlamentaria previa por las fechas navideñas. A diferencia de otros países europeos que concentraron sus medidas de apoyo en instrumentos más estructurados, el modelo español recurrió intensivamente a los decretos-ley de fin de año para extender coberturas de forma ágil. Importa porque prolongó la protección de miles de hogares en situación de vulnerabilidad que habrían quedado sin cobertura el 1 de enero de 2021, y porque reguló el pago de las deudas judiciales del Estado, resolviendo una tensión crónica entre el poder ejecutivo y el poder judicial por el incumplimiento de sentencias firmes.