Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución del Congreso de los Diputados del 28 de enero de 2021 que ratifica un Real Decreto-ley anterior. El Decreto-ley 39/2020, emitido el 29 de diciembre de 2020, contenía medidas económicas y sociales de apoyo junto con normas sobre cumplimiento de sentencias judiciales. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas, familias y entidades que se benefician de las medidas financieras y de apoyo social incluidas en el Real Decreto-ley 39/2020, así como a quienes están sujetos al cumplimiento de sentencias judiciales según lo establecido en ese decreto. **¿Qué cambia o establece?** Confirma que el Real Decreto-ley 39/2020 sigue vigente y en vigor. Con esta aprobación del Congreso, el decreto se convierte en ley definitiva. Se ordena su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de estas medidas.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución del Congreso de los Diputados de 28 de enero de 2021 convalida el Real Decreto-ley 39/2020, que aprobó medidas financieras de apoyo social y económico y reguló el cumplimiento de la ejecución de sentencias que condenan al Estado al pago de cantidades. Este decreto-ley, aprobado el 29 de diciembre de 2020, incluyó la prolongación de moratorias hipotecarias, el apoyo a colectivos vulnerables y la habilitación presupuestaria para ejecutar sentencias condenatorias del Estado. La convalidación en enero legitima medidas adoptadas durante el período navideño sin control parlamentario previo. Importa porque el decreto consolidó medidas de protección social cuya expiración habría dejado sin cobertura a decenas de miles de hogares en situación vulnerable, y porque el régimen de ejecución de sentencias incluido resolvió una acumulación de deudas judiciales del Estado que generaba tensiones con el poder judicial.