Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución del Congreso de los Diputados que valida el Real Decreto-ley 36/2020, aprobado el 30 de diciembre de 2020. Se trata de un acto legal mediante el cual el Congreso confirma que las medidas urgentes contenidas en ese decreto-ley fueron necesarias y apropiadas, permitiendo que continúen en vigor. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la Administración Pública, a los empleados públicos y a los ciudadanos en general, pues el decreto-ley contiene medidas para la modernización de organismos públicos y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que toca múltiples áreas de la administración estatal. **¿Qué cambia o establece?** No introduce cambios nuevos, sino que confirma legalmente las medidas urgentes ya aprobadas en el Real Decreto-ley 36/2020. Ordena que esta validación se publique en el Boletín Oficial del Estado para que sea conocida públicamente y tenga plena validez legal.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución del Congreso de los Diputados de 28 de enero de 2021 convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que fue el instrumento jurídico central para modernizar la Administración Pública española y habilitar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El RDL 36/2020 creó los PERTE (Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica), aceleró la contratación pública y flexibilizó los procedimientos administrativos para canalizar los fondos Next Generation EU. Su convalidación parlamentaria le otorgó la legitimidad necesaria para ser la base de una política pública de alcance histórico. Importa porque el RDL 36/2020 ha sido la norma más utilizada para justificar la tramitación ágil de los proyectos de inversión con fondos europeos en España, y su respaldo parlamentario fue esencial para que las empresas y administraciones inversoras tuvieran certeza jurídica sobre el marco de ejecución de los fondos NGEU.