Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio del Interior que extiende los controles temporales en la frontera terrestre entre España y Portugal. Estos controles fueron creados por la crisis sanitaria del COVID-19 y habían estado en vigor desde enero de 2021. **¿A quién afecta?** A todas las personas que deseen entrar en España desde Portugal por vía terrestre. Solo pueden hacerlo ciudadanos españoles y sus familias, residentes en España, residentes de otros países europeos que regresan a su domicilio, trabajadores con motivos laborales (incluidos transfronterizos), personal diplomático, y personas en situaciones de emergencia o por razones humanitarias. **¿Qué cambia o establece?** Prorroga los controles quince días más, desde el 1 de marzo hasta el 16 de marzo de 2021. Mantiene las mismas restricciones de entrada que existían. Establece que las personas solo pueden entrar y salir por pasos fronterizos autorizados y en horarios que determinarán conjuntamente las autoridades españolas y portuguesas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la pandemia de COVID-19, la frontera terrestre España-Portugal operaba como zona Schengen completamente abierta, sin controles sistemáticos desde 1995. Esta Orden de 2021 representa una excepción temporal al régimen de libre circulación, siguiendo el patrón implementado por prácticamente toda la UE durante la crisis sanitaria: Francia, Alemania, Italia y otros estados reestablecieron temporalmente controles internos permitidos por el Código de Fronteras Schengen para emergencias de salud pública. Portugal aprobó medidas equivalentes de forma coordinada. Su importancia para el ciudadano radica en la restricción excepcional del derecho fundamental de libre movimiento, afectando gravemente el tránsito laboral transfronterizo, el turismo y la movilidad personal durante quince días, evidenciando cómo crisis sanitarias pueden suspender derechos consolidados incluso en espacios de integración avanzada como Schengen, generando precedentes sobre poderes del ejecutivo en situaciones de emergencia.