Corrección de errores de la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que corrige errores detectados en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, que regula cómo las administraciones públicas se relacionan con las empresas en procedimientos de actividad económica. Son correcciones de redacción y referencias, no cambios sustanciales. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas que tramitan procedimientos ante administraciones públicas, a los organismos y consorcios públicos que intervienen en regulación de actividad económica, y especialmente al Ayuntamiento de Barcelona. También a ciudadanos que usen estos servicios administrativos. **¿Qué cambia o establece?** Cambia principalmente la terminología de "administración electrónica" a "administración digital" en varios apartados de la ley. Además corrige: un error de numeración en el artículo 3 (cambia una letra "d)" por "e)"), una referencia incorrecta en el artículo 29 (que apuntaba al artículo 17 en vez del 18), y añade aclaraciones sobre qué anexo se menciona en el artículo 32. Son correcciones técnicas de redacción para que el texto sea preciso y coherente.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Ley 18/2020, el marco estatal carecía de una regulación integrada sobre facilitación de la actividad económica ante administraciones públicas, con procedimientos fragmentados y terminología heterogénea. Esta ley, aprobada por el Parlamento Nacional en 2020, se alineaba con directivas europeas de simplificación administrativa y modernización digital, aunque la mayoría de CCAA mantenían regulaciones propias sin homogeneización. La presente resolución de corrección de errores no innova sustancialmente, pero resulta crítica: estandariza la terminología a "administración digital" (término hoy prevalente en Derecho UE), corrige referencias que generaban inseguridad jurídica, y precisa numeraciones que afectaban la aplicación práctica, especialmente en barcelonà. Para ciudadanos y empresas, estas correcciones técnicas garantizan certidumbre interpretativa en tramitaciones administrativas, evitando denegaciones por vicios formales y mejorando el acceso igualitario a servicios públicos digitales.