Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto establece las normas que deben cumplir los servicios de auxilio en carreteras (como las grúas y equipos de rescate) cuando actúan ante un vehículo inmovilizado por accidente o avería. Regula cómo deben funcionar estos servicios para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico. **¿A quién afecta?** Afecta a los servicios de auxilio en vías públicas y a sus operarios, que son quienes realizan las tareas de rescate. También afecta indirectamente a los usuarios de las carreteras, que dependen de estas operaciones rápidas para evitar congestiones y accidentes. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los vehículos de auxilio deben tener señalización luminosa y acústica mejorada para ser más visibles, define los requisitos de seguridad que deben cumplir los operarios, obliga a comunicar las inmovilizaciones por medios telemáticos (sistemas informáticos), regula cómo retirar y guardar vehículos dañados, y crea un Registro Estatal para controlar estos servicios.
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 159/2021, los servicios de auxilio en carreteras operaban bajo normativa fragmentada entre comunidades autónomas y regulaciones generales de tráfico, sin estándares específicos para equipos de rescate ni protocolos uniformes de seguridad. Este decreto homogeniza criterios a nivel nacional, alineándose con directivas europeas sobre seguridad vial (especialmente la Directiva 2008/96/CE) e introduciendo obligaciones inexistentes previamente: registro estatal centralizado, comunicación telemática obligatoria y equipos de signalización normalizados. Todas las CCAA quedan sujetas a estos mínimos, aunque pueden establecer regulaciones complementarias. Para el ciudadano importa porque garantiza respuestas más rápidas ante inmovilizaciones (reduciendo congestiones y riesgos de accidentes secundarios), protección mejorada de operarios en vías de alto tráfico y trazabilidad de servicios, facilitando reclamaciones y transparencia en tarifas. La normativa responde a la necesidad de reducir fallecidos en rescates y congestiones evitables.