Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 146/2021 modifica la estructura del Ministerio del Interior. Específicamente, cambia el nivel administrativo del Gabinete de Coordinación y Estudios, que es el órgano encargado de asesorar y apoyar a la Secretaría de Estado de Seguridad en sus funciones. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio del Interior, especialmente a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Gabinete de Coordinación y Estudios, a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y a los órganos de seguridad de las comunidades autónomas con policías propias. **¿Qué cambia o establece?** El Gabinete de Coordinación y Estudios sube de nivel administrativo: pasa de ser una "subdirección general" a una "dirección general". Esto se hace porque sus funciones han crecido mucho en los últimos años, ahora incluye: protección de infraestructuras críticas, coordinación de ciberseguridad, coordinación antiterrorista, seguimiento de violencia de género, y otras responsabilidades de seguridad pública. La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad queda bajo las órdenes de esta nueva dirección general. Además, el Real Decreto permite que quien dirija este órgano no tenga que ser funcionario público.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2021, el Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior funcionaba como subdirección general con competencias fragmentadas en seguridad. Este Real Decreto lo eleva a dirección general, consolidando bajo una única estructura responsabilidades críticas como ciberseguridad, protección de infraestructuras y coordinación antiterrorista. La medida responde a un patrón europeo de fortalecer agencias especializadas (comparable a estructuras en Alemania o Francia), reconociendo que amenazas modernas requieren coordinación superior. El cambio permite, además, dirigentes no funcionarios, buscando mayor agilidad. Para el ciudadano, implica seguridad pública más coordinada ante amenazas complejas, aunque exige vigilancia sobre rendición de cuentas de personal externo a la administración.