Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia.

BOE-A-2021-4804Publicada: 27/03/2021COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una ley que modifica la normativa anterior sobre perros de asistencia en las Islas Baleares. Amplía las categorías de perros que el Gobierno reconoce como de asistencia para que más personas con discapacidad o enfermedades crónicas puedan acceder a ellos y ejercer sus derechos con mayor libertad e independencia. **¿A quién afecta?** A las personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, y a las personas con enfermedades crónicas o limitantes como diabetes, epilepsia o autismo que usen perros de asistencia. También afecta a sus familias. La ley garantiza su derecho a entrar en lugares públicos y transportes con estos perros sin ser rechazados. **¿Qué cambia o establece?** La ley reconoce nuevas categorías de perros de asistencia: además de los perros guía y los perros de señalización de sonidos, ahora incluye perros de alerta médica y perros para personas con autismo. Establece que el usuario debe acreditar su enfermedad, que el perro debe ser apto, y reconoce los perros adiestrados en otras comunidades autónomas. Todo para que las personas con estas necesidades tengan los mismos derechos de acceso que los demás ciudadanos.

💬 Contexto ciudadano

Antes de 2021, la legislación balear se limitaba a reconocer perros guía y de señalización de sonidos, una categorización restrictiva comparada con la evolución normativa en otras comunidades autónomas. La Ley 1/2021 introduce un cambio sustancial al ampliar el catálogo a perros de alerta médica (diabetes, epilepsia) y de apoyo para autismo, alineándose así con estándares internacionales. Mientras el régimen estatal pivota en la Ley 34/1988, las CCAA como Cataluña y Madrid ya habían expandido sus definiciones; Baleares, con esta reforma, cierra la brecha regulatoria. Esta ampliación es crítica porque democratiza el acceso a derechos fundamentales (educación, empleo, espacios públicos) para colectivos históricamente excluidos por definiciones legales obsoletas, incrementando la independencia y calidad de vida de personas con discapacidad.

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