Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que regula cómo las empresas deben comunicar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) las sustancias y mezclas químicas que venden en España. El INTCF mantiene una base de datos con información sobre estos productos para proteger la salud y el medio ambiente. **¿A quién afecta?** A las empresas que importan, fabrican o usan como intermediarios sustancias y mezclas químicas para venderlas en España. Principalmente a partir del 1 de enero de 2021 para productos destinados a consumidores y profesionales. Las empresas que venden para uso industrial tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para adaptarse. **¿Qué cambia o establece?** Cambia el sistema de notificación: las empresas dejan de usar el sistema informático del INTCF y deben usar obligatoriamente la herramienta y el portal de notificación de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA). El INTCF descargará la información de ese portal para mantener actualizada su base de datos y proporcionar información en caso de emergencias toxicológicas.
💬 Contexto ciudadano
La Orden JUS/288/2021 materializa la armonización española con la infraestructura regulatoria europea en materia de sustancias químicas, sustituyendo el sistema de notificación autónomo del INTCF por la integración con el portal de la ECHA, alineándose así con los reglamentos REACH y CLP de la UE. Este cambio normativo garantiza que todas las empresas españolas que comercialicen químicos utilicen una plataforma unificada que facilita el intercambio transnacional de datos toxicológicos y mejora la respuesta ante emergencias sanitarias. La medida, de aplicación escalonada según el perfil de usuarios (consumo inmediato desde 2021, industrial hasta 2023), representa un avance en la coordinación interadministrativa europea frente a fragmentaciones previas que limitaban la disponibilidad de información crítica para la protección de ciudadanos y ecosistemas. Su impacto directo beneficia al consumidor mediante sistemas de vigilancia toxicológica más robustos y actualizados.