Decreto-ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Decreto-ley modifica el Decreto-ley 6/2020 de Canarias, que establecía medidas de ayuda urgente durante la crisis del COVID-19. Afecta específicamente a dos prestaciones: el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), una ayuda extraordinaria de corta duración para personas sin ingresos, y la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda básica regular para personas en situación de desigualdad social. **¿A quién afecta?** Afecta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica por la pandemia que solicitan la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Se benefician especialmente aquellas personas que hayan presentado solicitudes de PCI ante el registro competente antes de la entrada en vigor del Decreto-ley original y que cuenten con informe social favorable de los servicios municipales. **¿Qué cambia o establece?** Modifica cómo se verifica que los solicitantes de PCI carecen de recursos económicos. Establece que la verificación debe hacerse según las normas de la Ley de PCI (artículos 7 y 8), no según el artículo 3 del decreto anterior, que era más restrictivo. Esto flexibiliza los requisitos para aprobar solicitudes de PCI durante la pandemia. También corrige un error técnico en una referencia normativa del artículo 6.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley 9/2020 modifica el régimen de acceso a la Prestación Canaria de Inserción durante la pandemia, flexibilizando el criterio de comprobación de insolvencia: sustituye la verificación restrictiva del artículo 3 del decreto original por los parámetros más accesibles de la Ley de PCI (artículos 7 y 8), alineándose con la tendencia de otras comunidades autónomas a expandir coberturas sociales urgentes. Mientras que comunidades como Madrid o Cataluña implementaban medidas paralelas con mayor retraso, Canarias anticipa estrategias que el Estado consolidaría meses después con el Ingreso Mínimo Vital; esta modificación resulta crucial para ciudadanos en precariedad extrema, al reducir barreras administrativas que impedían acceder a prestaciones básicas durante el colapso económico inicial de 2020.