Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica el Real Decreto 237/2000 sobre las especificaciones técnicas de vehículos especiales para transportar alimentos a temperatura controlada. Actualiza la normativa española que implementa el Acuerdo ATP, un tratado internacional de 1970 que establece reglas para el transporte terrestre de mercancías perecederas. **¿A quién afecta?** Afecta a los organismos de control e inspección de vehículos, a los fabricantes y productores de vehículos especiales para transporte de alimentos, a las empresas transportistas de mercancías perecederas, y a los trabajadores en estas actividades respecto a seguridad y salud laboral. **¿Qué cambia o establece?** Actualiza los requisitos que deben cumplir los vehículos cuando están en servicio; aclara las reglas sobre conformidad de la producción para que haya competencia leal entre fabricantes; añade exigencias de seguridad y salud laboral; modifica los equipos e inspecciones mínimas que necesitan los organismos de control; cambia los modelos de certificados de vehículos; suprime un apéndice antiguo; y promueve que los vehículos sean más eficientes energéticamente.
💬 Contexto ciudadano
El Acuerdo ATP de 1970 establecía los cimientos internacionales para el transporte de mercancías perecederas, que España implementó mediante el Real Decreto 237/2000. La Orden ICT/370/2021 moderniza esa implementación nacional, alineándose con estándares vigentes en toda la UE y mejorando la armonización con otros estados miembros que han actualizado sus regulaciones. Aunque el marco ATP es común, cada país administra su aplicación; España con esta orden refuerza requisitos de eficiencia energética y seguridad laboral que otras CCAA no pueden modificar unilateralmente por ser materia estatal. Esta actualización importa al ciudadano porque garantiza que los alimentos perecederos mantengan la cadena de frío durante el transporte, protegiendo la inocuidad alimentaria y reduciendo riesgos sanitarios en productos que llegan a la mesa.