Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 (Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.438(99).
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución internacional de 2018 que actualiza las reglas de seguridad para barcos de gran velocidad. Modifica especialmente lo que esos barcos deben tener en cuanto a equipos de radio y comunicaciones. La resolución entró en vigor el 1 de enero de 2020 en España y en otros países que aceptaron estas enmiendas. **¿A quién afecta?** A los dueños, operadores y capitanes de naves de gran velocidad que navegan en aguas internacionales. También a las autoridades marítimas de los países signatarios del convenio internacional sobre seguridad marítima que aplicarán y supervisionarán estas nuevas reglas. **¿Qué cambia o establece?** Permite que los barcos de gran velocidad usen sistemas de comunicación modernos por satélite para emergencias y seguridad, en lugar de depender solo de sistemas antiguos. Específicamente autoriza el uso de satélites para recibir alertas de seguridad marítima y para enviar señales de socorro. También actualiza los equipos requeridos según dónde navegue el barco (zonas cercanas a la costa o en océano abierto) y elimina referencias a un único proveedor de satélite (Inmarsat), permitiendo otros servicios de satélite reconocidos internacionalmente.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, el Código NGV 1994 obligaba a naves de gran velocidad a sistemas de comunicación obsoletos, dependiendo exclusivamente del proveedor Inmarsat para emergencias marítimas. Esta enmienda, adoptada por la Organización Marítima Internacional y ratificada por España (vigente desde enero 2020), moderniza estos requisitos alineando la normativa con la tecnología disponible. A diferencia de normativas nacionales fragmentadas, esta resolución armoniza criterios en jurisdicciones internacionales, permitiendo satélites alternativos y sistemas de alerta avanzados. Aunque no vinculante para terceros países, su adopción por España y la UE implica cumplimiento para operadores hispanos. Para el ciudadano, significa mayor seguridad en travesías marítimas internacionales mediante comunicaciones fiables y redundantes en zonas de riesgo, reduciendo respuesta a emergencias.