Enmiendas de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 (código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.423(98).
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución de 2017 de la Organización Marítima Internacional que modifica las normas internacionales de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad. Estos cambios se refieren a los equipos y medios de salvamento que deben llevar estos buques, especialmente a los botes de rescate y balsas salvavidas. **¿A quién afecta?** A los gobiernos que han ratificado el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 1974, quienes deben implementar estas normas en sus territorios. En la práctica afecta a los operadores y propietarios de naves de gran velocidad, que deben cumplir con los nuevos requisitos de equipamiento de salvamento. **¿Qué cambia o establece?** Modifica las reglas sobre embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: cada bote de rescate no debe concentrar más de nueve balsas salvavidas (o doce si puede remolcar dos simultáneamente), y exenta a los barcos menores de 20 metros de llevar bote de rescate siempre que dispongan de medios para recoger personas del agua desde el puente de navegación y sean lo suficientemente maniobrables. Estos cambios entraron en vigor el 1 de enero de 2020.
💬 Contexto ciudadano
El Código de Seguridad para Naves de Gran Velocidad de 1994 establecía requisitos básicos de salvamento que, tras tres décadas, se adaptaron mediante estas enmiendas de 2017 para reflejar avances tecnológicos y operacionales. Los cambios—limitando a nueve balsas por bote de rescate y exentando embarcaciones menores de 20 metros bajo condiciones específicas—alinean la norma con prácticas europeas de seguridad marítima, siendo obligatoria para todos los estados ratificadores del Convenio SOLAS 1974, incluyendo España y la Unión Europea. Aunque estas enmiendas no significan variación sustancial respecto a otros marcos regulatorios occidentales, su vigencia desde 2020 garantiza que operadores de ferris y catamaranes de alta velocidad—especialmente relevante en el tráfico marítimo español con Canarias, Baleares y el Mediterráneo—cumplan estándares uniformes que efectivamente reducen riesgos en travesías de pasajeros, mejorando protección ante emergencias en embarcaciones de elevada velocidad y ocupación.