Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución del 12 de mayo de 2021 que establece un Código de Buenas Prácticas para facilitar la renegociación de créditos con garantía estatal. Este código permite a empresas y autónomos que recibieron avales del Estado durante la pandemia de COVID-19 renegociar sus deudas con los bancos que les otorgaron el crédito. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas y autónomos que tienen créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), CERSA o CESCE, y a las entidades financieras (bancos) que han otorgado o gestionado esos créditos. Estas entidades financieras pueden adherirse de forma voluntaria al código dentro de un mes para colaborar con el Gobierno. **¿Qué cambia o establece?** Amplía el plazo de vencimiento de los avales ya otorgados, permite que esos avales se mantengan si los créditos se convierten en préstamos especiales (participativos), y establece límites máximos de ayuda pública por empresa (1,8 millones de euros, con excepciones para sectores específicos). Las entidades adheridas deben informar trimestralmente sobre cómo aplican el código.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución de 12 de mayo de 2021 establece un Código de Buenas Prácticas para la renegociación de créditos con garantía estatal del ICO, permitiendo a empresas y autónomos extender plazos, reducir cuotas o ampliar períodos de carencia de los préstamos avalados durante la pandemia. El volumen de crédito avalado en España superó los 120.000 millones de euros, uno de los más altos de Europa en relación al PIB. Sin este mecanismo, el vencimiento masivo de créditos podría haber desencadenado una ola de impagos. Francia adoptó medidas similares con su PGE (prêts garantis par l'État). Importa porque previene un efecto acantilado de impagos empresariales en 2021-2022, cuando muchas pymes aún no habían recuperado su nivel de actividad prepandémica, y establece un precedente de coordinación entre banca, Estado y deudores para gestionar el desapalancamiento gradual de una deuda pública-privada de escala histórica.