Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una corrección de un error que contenía el Real Decreto-ley 8/2021, de mayo de 2021. Este decreto fue una norma urgente que establecía medidas sanitarias, sociales y de justicia cuando finalizó el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Al publicarse, se cometió un error en la redacción que ahora se corrige. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona u organización que debiera cumplir o aplicar las disposiciones de ese Real Decreto-ley 8/2021, ya que el error podría haber causado confusión sobre cuál era exactamente el artículo modificado. **¿Qué cambia o establece?** Aclara que en la modificación del artículo 122, lo que en realidad se modificaba era el artículo 122 quater (un apartado especial del 122, no el artículo 122 general). Esta es una simple corrección del texto para que la norma diga correctamente a cuál de los dos artículos se refería.
💬 Contexto ciudadano
La corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021 subsana un error detectado en la publicación de esta norma de urgencia aprobada para gestionar el período post-estado de alarma COVID-19. Los errores en la publicación de normas urgentes son especialmente problemáticos porque su vigencia comienza desde la publicación en el BOE, de modo que el período entre la publicación errónea y la corrección puede generar actos administrativos basados en una redacción incorrecta. El RDL 8/2021 era una norma de especial relevancia porque regulaba las medidas sanitarias, sociales y jurisdiccionales que sustituyeron al estado de alarma. Importa porque corrige la norma jurídicamente aplicable y permite que operadores jurídicos, jueces y administraciones apliquen el texto correcto, evitando resoluciones judiciales o administrativas basadas en una versión errónea de una norma de alcance transversal.