Sentencia de 3 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 183/2019 contra el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una decisión del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2020 que anula parte de una norma. El tribunal aceptó una demanda presentada por el sindicato Comisiones Obreras contra un aspecto específico del Real Decreto 103/2019, que establece las reglas para el personal que hace investigación mientras estudia un doctorado. **¿A quién afecta?** Afecta al personal investigador predoctoral en formación (estudiantes de doctorado que realizan tareas de investigación) y a las condiciones laborales o de formación que se les aplicaban según esa norma. También afecta indirectamente a las universidades y centros de investigación que emplean a este personal. **¿Qué cambia o establece?** El tribunal anula el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 103/2019. Esta anulación significa que esa parte específica de la norma deja de tener validez y efecto legal, por lo que debe dejar de aplicarse. La sentencia ordena que se publique esta decisión en el Boletín Oficial del Estado para que sea conocida públicamente.
💬 Contexto ciudadano
La Sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2020, publicada en BOE en 2021, anula el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 103/2019 sobre el personal investigador predoctoral en formación. El sindicato CCOO impugnó la disposición que excluía a este colectivo de determinados derechos laborales. El fallo se alinea con la evolución jurisprudencial europea sobre los contratos de formación en la investigación pública, que tiende a equiparar progresivamente el estatus del doctorado a una relación laboral plena. Importa porque refuerza los derechos de los investigadores predoctorales en España, un colectivo históricamente precario en condiciones inferiores a las de países como Francia o Alemania, y porque la anulación obliga a revisar la regulación para eliminar la disposición declarada ilegal, con impacto en miles de contratos predoctorales vigentes en universidades y centros de investigación públicos.