Enmiendas a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las decisiones SC-9/4, SC-9/11 y SC-9/12.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una enmienda internacional al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptada en mayo de 2019, que modifica las restricciones sobre tres sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud y el ambiente: el ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y sus derivados, el dicofol, y el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus compuestos relacionados. **¿A quién afecta?** A todos los países miembros del Convenio de Estocolmo, sus empresas de producción y uso de estas sustancias, especialmente sectores como manufactura de textiles, metalurgia, tratamiento de incendios, agricultura, y gestión de desechos. **¿Qué cambia o establece?** Restringe el PFOS permitiendo solo algunos usos específicos (cebos agrícolas contra hormigas y sistemas cerrados de recubrimiento de metales; espumas contra incendios bajo condiciones controladas). Prohíbe completamente el dicofol en cualquier producción o uso. Restringe el PFOA permitiendo algunas excepciones específicas que aún se detallan en el texto. Todos los países deben dejar de exportar e importar estas sustancias, excepto para eliminación segura, y gestionar responsablemente sus existencias actuales.
💬 Contexto ciudadano
Las enmiendas al Convenio de Estocolmo adoptadas en Ginebra en 2019 amplían las restricciones sobre tres sustancias: el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS), el decabromodifeniléter (DecaBDE) y el dicofol. El Convenio de Estocolmo (2001) es el principal instrumento internacional contra los contaminantes orgánicos persistentes, sustancias que se acumulan en la cadena trófica y causan daños endocrinos y cancerígenos. La UE ya había regulado algunas de estas sustancias mediante el Reglamento POPs (CE 850/2004), de modo que las enmiendas globales se alinean con el estándar europeo. Importa porque refuerza la regulación internacional de sustancias altamente persistentes en el medioambiente, con impacto en la industria química, en la gestión de residuos electrónicos y en las obligaciones de control para España como Estado parte, y actualiza las restricciones en sectores como la fabricación de semiconductores y los tratamientos antiparasitarios agrícolas.