Adenda de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra, hecha en Madrid el 4 de mayo de 2021.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un acuerdo entre la autoridad judicial de España y la de Andorra que amplía por tres años más el convenio que firmaron en 2015. Este convenio establecía cómo colaboran ambos países en temas judiciales, como compartir información, formación de jueces y trabajar juntos en cuestiones de justicia. **¿A quién afecta?** A los jueces y magistrados que trabajan en ambos países, especialmente a los españoles que ejercen funciones en Andorra. También afecta a las instituciones judiciales de España y Andorra, que seguirán colaborando bajo los términos acordados. **¿Qué cambia o establece?** Prorroga el acuerdo original tres años más desde la firma (mayo de 2021). Incorpora lo que ya habían acordado en febrero de 2020 sobre compartir información judicial y jurisprudencia: España pone a disposición de los jueces en Andorra su base de datos documental (CENDOJ), y Andorra hace lo mismo con sus fondos judiciales para jueces españoles. Se comprometen a facilitar el acceso técnico normalizado a estas bases de datos. No hay gastos económicos entre las partes.
💬 Contexto ciudadano
La Adenda de prórroga del Acuerdo CGPJ-Consell Superior de Justícia d'Andorra extiende por tres años más el convenio de cooperación judicial de 2015, que regula el intercambio de información, la formación de jueces y la cooperación en asuntos transfronterizos entre España y el Principado. Andorra es un Estado microterritorial con vínculos históricos y jurídicos muy intensos con España y Francia, cuyo sistema judicial es copríncipas y tiene características propias. Este tipo de acuerdo bilateral de cooperación judicial es más frecuente entre España y países con alta emigración española. Importa porque garantiza la continuidad del flujo de cooperación judicial en un territorio con creciente actividad económica y residencial española, especialmente relevante en asuntos civiles y mercantiles vinculados al sector financiero andorrano, donde los casos con doble conexión territorial española se han multiplicado.