Real Decreto 404/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación del Real Decreto que regula cómo funcionan las organizaciones de productores agrícolas en el sector de frutas y hortalizas. Ajusta los requisitos mínimos que deben cumplir estas organizaciones en determinadas islas españolas. **¿A quién afecta?** Afecta a los productores de frutas y hortalizas de las islas canarias (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Tenerife y La Palma) y de las Illes Balears (Menorca, Ibiza y Formentera) que quieran crear u formar parte de organizaciones de productores. **¿Qué cambia o establece?** Establece requisitos mínimos más bajos para estas islas: menos miembros obligatorios y menor valor mínimo de producción comercializable. Esto permite a los productores de estas zonas cumplir los requisitos y acceder a fondos europeos, cosa que antes les era prácticamente imposible por su situación geográfica aislada y por tener explotaciones muy pequeñas.
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 404/2021, la normativa nacional requería a las organizaciones de productores agrícolas umbrales uniformes de miembros y volumen de producción establecidos en el RD 532/2017, que implementaba los requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea. Sin embargo, estos criterios estandarizados resultaban inviables para territorios insulares con explotaciones fragmentadas y dispersas. Este decreto introduce flexibilidad territorial al establecer requisitos reducidos específicamente para Canarias y Baleares, una medida que otras CCAA no disfrutan pero que la normativa comunitaria permite como excepción para zonas con handicaps geográficos. La relevancia para el ciudadano radica en que facilita a pequeños agricultores insulares acceder a financiación europea y sistemas de comercialización colectiva, mejorando su viabilidad económica y competitividad en mercados nacionales e internacionales, reduciendo así la despoblación rural en estas zonas especialmente vulnerables.