Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una modificación del Real Decreto 237/2000 que actualiza las reglas para el transporte terrestre de alimentos que necesitan temperatura controlada. Adapta la normativa española al Acuerdo ATP (tratado internacional de 1970 sobre transporte de mercancías perecederas) incorporando medios electrónicos en lugar de procedimientos en papel. **¿A quién afecta?** A los organismos de control, estaciones ITV, fabricantes de vehículos especiales para transporte de alimentos, las comunidades autónomas, y todas las empresas que transportan mercancías perecederas. También afecta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que gestiona el Registro central. **¿Qué cambia o establece?** Los certificados de conformidad deben emitirse electrónicamente y firmados con firma avanzada, no en papel. Se crea un Registro electrónico centralizado para gestionar las contraseñas de tipo de vehículos. Las contraseñas (compuestas por la letra F más cinco números y el identificador del fabricante) tendrán validez máxima de 6 años. Los organismos de control remitirán copias de los certificados al Registro para que estén disponibles a las autoridades.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 402/2021 moderniza la regulación que ya existía desde 2000 mediante la digitalización obligatoria de certificados que se expedían en soporte papel. Esta modificación alinea la normativa española con el Acuerdo ATP internacional de 1970, aplicable en toda la UE y más de 130 países, sustituyendo procedimientos analógicos por certificados electrónicos con firma avanzada y un Registro centralizado. Mientras todas las autoridades competentes españolas (ITV, organismos de control, CCAA) están obligadas a aplicarla uniformemente desde 2021, la medida se suma a la transformación digital administrativa europea impulsada por directivas como la 2014/55/UE sobre facturación electrónica. Para el ciudadano importa porque garantiza mayor trazabilidad y seguridad alimentaria en productos perecederos—desde alimentos frescos hasta medicamentos—, reduce fraudes documentales, agiliza la distribución y disminuye costes que repercuten en precios finales de alimentos distribuidos a temperatura controlada.