Real Decreto 1062/2025, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.
¿Qué dice esta ley?
**Resumen para ciudadanos** La administración pública tendrá que mejorar cómo hace sus previsiones de dinero para los próximos años. Este cambio actualiza las reglas sobre cómo los organismos públicos deben calcular y presentar sus estimaciones sobre ingresos, gastos y crecimiento económico que usan para hacer presupuestos. Afecta principalmente a la administración pública: ministerios, ayuntamientos y organismos estatales que preparan presupuestos. Indirectamente, también interesa a ciudadanos y empresas porque estas previsiones influyen en qué servicios públicos se financian y cómo se gestiona el dinero de impuestos. El cambio mejora la calidad y transparencia de esas previsiones macroeconómicas (cálculos sobre cuánto crecerá la economía, cuántos ingresos habrá, etc.). Establece requisitos más exigentes para que los números que usan administraciones sean más realistas y creíbles, reduciendo sorpresas negativas cuando llega el momento de ejecutar los presupuestos. Entra en vigor el 27 de noviembre de 2025, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
La actualización del Real Decreto 337/2018 sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias adapta la normativa española a la evolución del marco europeo de supervisión fiscal, concretamente al refuerzo del Semestre Europeo tras la pandemia y al nuevo Pacto de Estabilidad reformado (2024). La Directiva 2011/85/UE sobre marcos presupuestarios había obligado a España a crear un sistema independiente de validación de previsiones, función que ejerce la AIReF desde 2013. A diferencia de Alemania (Sachverständigenrat) o Francia (Haut Conseil des Finances Publiques), la AIReF española emite informes vinculantes en cuanto al procedimiento, pero no en cuanto al contenido de las previsiones. La modificación refuerza los estándares de calidad y transparencia de las previsiones gubernamentales, reduciendo el riesgo de que desviaciones optimistas generen correcciones presupuestarias dolorosas y sanciones europeas.