Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde es una red planificada de zonas naturales y semi-naturales, espacios verdes rurales y urbanos, y áreas terrestres, costeras y marinas. Su objetivo es mejorar el estado de los ecosistemas y su capacidad para recuperarse, conservar la biodiversidad y proporcionar beneficios a la población mediante servicios que la naturaleza genera, como agua limpia, regulación del clima y alimentos. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las Administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y entidades locales) que deben incorporar esta estrategia en sus decisiones de planificación territorial y sectorial. También afecta a la ciudadanía porque influye en cómo se organiza el territorio, qué espacios se protegen y cómo se preservan los servicios que los ecosistemas proporcionan. **¿Qué cambia o establece?** Establece directrices obligatorias para identificar, conservar y restaurar la infraestructura verde del territorio español. Requiere que la planificación asegure la conectividad entre ecosistemas, mitigación del cambio climático, restauración de ecosistemas degradados y protección de espacios clave como montañas, ríos, humedales y corredores para especies migratorias. Crea una base de datos cartográfica pública donde cualquiera puede consultar dónde está la infraestructura verde en España.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PCM/735/2021 constituye la primera estrategia nacional integral de infraestructura verde en España, superando la fragmentación normativa anterior que se limitaba a directivas sectoriales como la Directiva Marco del Agua. Aunque la Unión Europea reclamaba esta integración desde su Estrategia de Biodiversidad 2011 y algunas comunidades autónomas habían iniciado aproximaciones pioneras, España carecía de un instrumento coordinado y vinculante para todas las administraciones públicas. Esta aprobación alinea al país con compromisos europeos recientes como el Pacto Verde y la Estrategia de Biodiversidad 2030. Para el ciudadano, la norma tiene incidencia directa en decisiones sobre ordenación territorial, limitaciones al desarrollo urbano y protección de servicios ecosistémicos esenciales como agua limpia, regulación climática y conservación de biodiversidad.