Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los r
¿Qué dice esta ley?
**QUÉ ES** Un decreto que facilita que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y sus empresas públicas inviertan y gasten dinero más rápidamente, eliminando trámites que ralentizaban proyectos. También simplifica las normas técnicas sobre cómo deben funcionar los programas que emiten facturas electrónicas (esos sistemas que generan recibos digitales). **A QUIÉN AFECTA** A las administraciones locales y autonómicas (alcaldes, concejales, presidentes regionales), sus organismos públicos y empresas municipales. Indirectamente, también a autónomos y empresas que facturen electrónicamente, porque cambian los requisitos técnicos de sus programas de facturación. **QUÉ CAMBIA** Las entidades públicas pueden hacer inversiones sin esperar tanto a autorizaciones previas ni cumplir tantos requisitos administrativos. Para la facturación digital: los programas contables y de facturación tienen normas técnicas menos rigurosas, lo que permite más flexibilidad a los desarrolladores y potencialmente menores costes para negocios pequeños. **CUÁNDO ENTRA EN VIGOR** Desde el 2 de diciembre de 2025 (o inmediatamente en algunos aspectos). Los plazos específicos para adaptarse varía según cada medida concreta.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto-ley 15/2025 flexibiliza la capacidad de inversión de administraciones locales y autonómicas en un contexto marcado por la necesidad de absorber los fondos europeos NextGenEU antes de su fecha límite de ejecución (2026). La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria había impuesto cortapigas al gasto local derivadas de la crisis financiera, resultando en superávits estructurales acumulados en muchos municipios que no podían gastar. Este decreto-ley sigue la estela del RDL 36/2020 de medidas urgentes para modernización, aunque va más lejos en la flexibilización para entidades locales. La incorporación simultánea de simplificaciones técnicas en la facturación electrónica alinea a España con el Reglamento europeo eInvoicing (EN 16931) y facilita a autónomos y pymes cumplir con la próxima obligación de facturación digital establecida por la Ley Antifraude de 2021.