Ley Foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica la Ley de Transparencia de Navarra de 2018. Crea un espacio digital en el Portal del Gobierno Abierto de Navarra para publicar toda la información sobre cómo el Gobierno gestiona los fondos de recuperación que llegan de Europa tras la pandemia de coronavirus (fondos REACT-EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). **¿A quién afecta?** Afecta al Gobierno de Navarra y sus instituciones públicas, que están obligadas a publicar esta información. También afecta a los ciudadanos, que pueden acceder a estos datos para conocer en qué se gasta el dinero europeo y cómo avanzan los proyectos financiados. **¿Qué cambia o establece?** Obliga a crear un espacio específico en internet donde se publique información completa sobre los fondos europeos: qué proyectos se financian, quién los recibe, cómo avanzan, y resultados finales. También exige que se rindan cuentas sobre cómo se han ejecutado estos fondos. Esto busca garantizar transparencia total y evitar fraude en la gestión de estos recursos.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 14/2021 refuerza el marco de transparencia que Navarra había establecido en 2018, adaptándolo a las exigencias de los fondos europeos de recuperación post-COVID. Mientras la norma original regulaba acceso general a información pública, esta modificación crea obligaciones específicas de publicidad activa para fondos REACT-EU y PRTR. Aunque la transparencia en fondos comunitarios es requisito de la UE (regulado en el Reglamento 2021/696), Navarra fue una de las primeras comunidades autónomas en plasmar esta exigencia en una ley autonómica de rango ordinario, por delante de otras que apenas regulan estos fondos. Su aprobación por el Parlamento Foral responde a que la rendición de cuentas sobre inversión europea impacta directamente en la confianza ciudadana, permitiendo verificar que el dinero público se destina según lo prometido y detectar posibles irregularidades.