Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un consejo permanente creado por el gobierno para que niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años participen activamente en decisiones que les afecten. Lo gestiona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Los menores que lo componen lo hacen a título voluntario, representando a su colectivo con voz y voto en igualdad de condiciones. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes españoles que puedan ser elegidos miembros del consejo, garantizando que no haya barreras por género, origen, etnia, capacidad económica o cualquier otra razón que impida su participación. También afecta a las administraciones públicas, que deberán escuchar y considerar sus opiniones. **¿Qué cambia o establece?** Crea un espacio formal donde los menores pueden proponer iniciativas, dar opiniones sobre leyes y programas que les afecten, colaborar en políticas estatales, visibilizar sus preocupaciones ante las instituciones, participar en organismos internacionales de derechos del niño, y comunicarse con otros consejos de participación infantil en municipios y comunidades autónomas.
💬 Contexto ciudadano
La Orden DSA/1009/2021 formaliza a nivel estatal lo que diversos consejos autonómicos de participación infantil desarrollaban de manera fragmentaria desde mediados de los 2000, alineándose con compromisos internacionales como la Convención de Derechos del Niño de 1989 y anticipándose a la Directiva de Derechos del Niño de la UE (2022). Mientras comunidades como Andalucía, Cataluña y el País Vasco contaban con estructuras participativas propias, esta orden garantiza un marco uniforme a nivel nacional vinculado directamente al Ministerio de Derechos Sociales. Su relevancia radica en transformar la participación infantil de mera consulta simbólica a poder decisional real con voz y voto en igualdad, permitiendo que menores de 8 a 17 años influyan en políticas que les afecten directamente, mejorando la representatividad democrática y el cumplimiento normativo internacional que España se había comprometido a respetar.