Orden MinisterialNacionalvigente

Orden ISM/940/2021, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden ISM/1288/2020, de 18 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación.

BOE-A-2021-14757Publicada: 10/09/2021MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que modifica cómo funciona la Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta Junta es el órgano que revisa y aprueba los contratos que hace el ministerio. La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a sus procesos de compras y contrataciones. Impacta en cómo se tramitan los contratos y en quiénes pueden ser miembros de la Junta cuando falta alguien. **¿Qué cambia o establece?** Dos cambios: primero, los contratos que usan el procedimiento abierto simplificado ya no pasan por la Junta de Contratación, lo que acelera su tramitación sin requisitos formales de solvencia. Segundo, los miembros suplentes de la Junta ahora pueden ser cualquier funcionario del grupo A1 con nivel 28 o superior, antes tenían que ser subdirectores; esto permite que haya más miembros disponibles en cada reunión.

💬 Contexto ciudadano

La Orden ISM/940/2021 modifica el funcionamiento de la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, creadas apenas en diciembre de 2020. Los ajustes se producen tras los primeros meses de operación, que revelaron necesidades de adaptación en la composición o los procedimientos de los órganos colegiados de contratación. Este tipo de ministerio gestiona contratos de gran volumen en áreas sensibles como el sistema de acogida de refugiados, la inspección laboral o la gestión de prestaciones. Importa porque optimiza la gobernanza contractual de un ministerio con alta incidencia en colectivos vulnerables, garantizando la aplicación efectiva de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en un entorno de fuerte demanda de servicios sociales y migratorios.

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