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Decreto-ley 18/2021, de 27 de julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya.

BOE-A-2021-14073Publicada: 20/08/2021COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un decreto-ley de la Generalitat de Catalunya que aprueba un aumento de sueldo para el personal del sector público en 2021 y recupera parcialmente la paga extraordinaria que fue suprimida en 2014. Se aprueba de forma urgente porque los presupuestos para 2021 estaban en prórroga y existía acuerdo previo con los sindicatos de empleados públicos sobre esta recuperación. **¿A quién afecta?** Al personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya que no está sometido al régimen laboral, a los altos cargos, al personal directivo y al personal laboral de la Generalitat. También se aplica al personal especificado en disposiciones adicionales de la ley de presupuestos de 2020. No se incluye a los órganos superiores de la Administración en el incremento de sueldo. **¿Qué cambia o establece?** Incremento del 0,9% en todas las retribuciones con efectos desde el 1 de enero de 2021, respecto a los sueldos vigentes el 31 de diciembre de 2020. Para 2021, se recupera el 55% del importe de la paga extraordinaria que dejó de percibirse en 2014. La masa salarial del personal laboral no puede aumentar más del 0,9%. Se incrementan también los importes máximos de complementos de productividad y retribuciones variables según objetivos con los mismos porcentajes.

💬 Contexto ciudadano

El Decreto-ley 18/2021 de Cataluña recupera parcialmente la paga extraordinaria de 2014, suprimida por el RDL 20/2012 del Gobierno central durante la crisis fiscal, y suma el incremento retributivo del 0,9% acordado para el sector público estatal. Otras CCAA habían seguido ritmos distintos de recuperación: el País Vasco la recuperó antes, mientras Andalucía o Madrid avanzaron con mayor lentitud. La urgencia del decreto-ley se justifica por la prórroga presupuestaria y la necesidad de actualizar nóminas sin esperar a nuevas cuentas aprobadas. Importa porque cierra una deuda pendiente con los empleados públicos catalanes, con efecto directo en la masa salarial y en la moral del funcionariado, en un contexto de dificultades de reclutamiento en el sector público frente al privado.

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