Orden CUD/1024/2021, de 22 de septiembre, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en determinados procedimientos de concesión de subvenciones gestionados desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio de Cultura y Deporte que obliga a usar medios electrónicos para todos los trámites relacionados con cinco tipos de subvenciones: edición de libros, edición de revistas culturales, premio a libros mejor editados, modernización de librerías y traducción de libros entre lenguas del Estado. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas privadas y trabajadores autónomos que soliciten estas subvenciones al Ministerio. La norma los considera colectivos que tienen capacidad técnica y económica para usar medios electrónicos y deben hacerlo obligatoriamente al relacionarse con la Administración para estos procedimientos de ayudas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que las solicitudes se presentan exclusivamente de forma electrónica a través del Registro Electrónico General o la sede electrónica del Ministerio (https://cultura.sede.gob.es). Las comunicaciones y notificaciones serán electrónicas usando firma electrónica. El Ministerio garantiza un punto de acceso en su Centro de Información al Ciudadano en Madrid (Plaza del Rey, 1) para facilitar el acceso. Si alguien presenta la solicitud presencialmente, la Administración le pedirá que la subsane enviándola electrónicamente.
💬 Contexto ciudadano
La obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas para los procedimientos de subvenciones del sector editorial y librero formalizó la digitalización de la gestión de unas ayudas —a la edición de libros, revistas culturales, modernización de librerías y traducción de obras— cuyos beneficiarios son mayoritariamente empresas y profesionales obligados al canal digital por la Ley 39/2015. El sector editorial y librero español, que incluye algunas de las empresas del libro más importantes del mundo hispanohablante, había mantenido procedimientos de tramitación híbridos que la pandemia aceleró hacia la digitalización completa. La obligatoriedad del canal electrónico reducía los costes de tramitación para la Administración y los solicitantes, aunque generaba la necesidad de garantizar el acceso y la capacitación digital de las librerías más pequeñas, frecuentemente gestionadas por empresarios unipersonales con menor familiaridad con los trámites telemáticos requeridos por las convocatorias.