Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una Resolución del Congreso de los Diputados del 21 de octubre de 2021 que ratifica y ordena publicar el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre. Este decreto-ley fue aprobado inicialmente por el Gobierno como medida urgente para impulsar la rehabilitación de edificios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas y empresas que realizan o realizarán actividades de rehabilitación edificatoria, así como a quienes participen en el contexto de este plan nacional de recuperación y resiliencia. El decreto-ley aplica a nivel nacional en España. **¿Qué cambia o establece?** Establece medidas urgentes dirigidas a impulsar la actividad de rehabilitación de edificios. La convalidación del Congreso significa que el decreto-ley del Gobierno, aprobado por razones de urgencia, queda respaldado y permanece en vigor. Se ordena su publicación oficial para que sea conocido por todos.
💬 Contexto ciudadano
La convalidación por el Congreso del RDL 19/2021 de rehabilitación edificatoria cerró el ciclo parlamentario del instrumento normativo más ambicioso de la política de vivienda española en años, con dotaciones del PRTR que representaban la mayor inversión pública en rehabilitación desde los planes estatales de los años ochenta y noventa. El Congreso convalidó el decreto con el apoyo de los partidos que sostenían la investidura del Gobierno, aunque el debate parlamentario puso de manifiesto las dudas de algunos grupos sobre la suficiencia de las medidas y sobre la capacidad real del sector de la construcción de absorber el volumen de obras previstas en los plazos establecidos por los hitos del PRTR. La convalidación era también el punto de partida para la tramitación del decreto como proyecto de ley ordinario, proceso que permitiría ampliar y mejorar la regulación con las aportaciones del debate parlamentario en materia de condiciones de acceso y criterios de priorización de las ayudas.