Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5439-2021, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Tribunal Constitucional ha aceptado revisar una demanda que cuestiona si dos artículos de una ley catalana de emergencia de octubre de 2020 son conformes con la Constitución. Esta demanda fue presentada por un juzgado de Barcelona y el Tribunal la admite para su análisis. **¿A quién afecta?** Afecta a la ley catalana sobre medidas urgentes de apoyo económico para negocios en locales arrendados. También afecta a todas las personas que son partes en el procedimiento judicial original (caso número 1115-2020 del Juzgado de Barcelona) que originó esta cuestión. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Constitucional se encarga directamente del análisis de estos dos artículos controvertidos. Establece que todas las partes implicadas en el procedimiento original tienen quince días a partir de la publicación oficial de esta resolución para presentarse ante el Tribunal Constitucional si desean participar.
💬 Contexto ciudadano
La cuestión de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley catalán de medidas de apoyo a locales de negocio arrendados durante la pandemia planteó si una comunidad autónoma puede intervenir en contratos de arrendamiento entre privados para imponer reducciones o moratorias de renta, materia que conecta con el derecho de propiedad del artículo 33 CE y la legislación civil del arrendamiento de competencia estatal. La norma catalana había establecido una reducción obligatoria del 50% de la renta de los locales clausurados por restricciones sanitarias cuando el arrendador era un gran tenedor, una medida de intervención en relaciones contractuales privadas sin precedente directo en el ordenamiento español. El debate sobre su constitucionalidad se planteaba también en el contexto de la discusión sobre si el decreto-ley catalán podía modificar normas de carácter civil de competencia estatal, una cuestión jurídica que afectaba a la extensión de la autonomía normativa de las comunidades en el derecho privado de los contratos.