Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de la ciudad de Ceuta en otras comunidades autónomas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un real decreto que autoriza el reparto directo de dinero público (subvenciones) entre comunidades autónomas para que acojan y atiendan a menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta. El dinero financia el traslado de estos menores desde Ceuta y todos los gastos de su acogida, información, apoyo psicosocial, escolarización e inserción profesional en las comunidades que los reciban. **¿A quién afecta?** Afecta a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados procedentes de Marruecos que llegaron a Ceuta; a la ciudad de Ceuta, que financia el traslado de estos menores; y a las comunidades autónomas que aceptan acogerlos, que recibirán subvenciones para cubrir todos los gastos de atención y protección. **¿Qué cambia o establece?** Establece que estas subvenciones se concedan directamente, sin la convocatoria pública habitual, por razones humanitarias y de emergencia ante la situación de saturación de centros de protección en Ceuta. Define qué actuaciones pueden financiarse: traslado de menores, acogida inmediata, atención psicosocial, escolarización e inserción laboral. Las subvenciones se rigen por la ley general de subvenciones, excepto en los requisitos de publicidad y competencia entre solicitantes.
💬 Contexto ciudadano
Las subvenciones directas a las comunidades autónomas para acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta respondieron a la crisis de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de menores desbordó completamente la capacidad del sistema de acogida de la ciudad autónoma. El traslado de menores de Ceuta a otras comunidades era un mecanismo de distribución territorial de la carga de acogida que los responsables de protección de menores reclamaban ante la concentración de menores extranjeros no acompañados en Ceuta, Melilla y las ciudades litorales del Levante y las Canarias. El debate jurídico que acompañó a estos traslados —con recursos de algunas comunidades autónomas y organizaciones de derechos del niño— reflejaba la tensión entre la distribución equitativa de la responsabilidad de acogida y el derecho de los menores a no ser separados de sus vínculos afectivos en la ciudad de llegada, un conflicto de derechos sin solución normativa clara en el ordenamiento español.