Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma urgente que el Gobierno aprueba para impulsar la renovación de edificios y viviendas en España. Se crea porque la mayoría de las viviendas españolas son muy antiguas (más de la mitad anterior a 1980), gastan mucha energía, no son accesibles y se deterioran. El país renueva muy pocas viviendas al año en comparación con otros países europeos. Esta norma forma parte de un plan europeo de recuperación que aporta fondos especiales para modernizar el país tras la pandemia. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los propietarios de viviendas y edificios antiguos, a las comunidades de propietarios, a las personas que buscan casas más eficientes y accesibles, y a empresas del sector de construcción y rehabilitación. También afecta a quienes quieran acceder a vivienda en alquiler social con buena calidad. **¿Qué cambia o establece?** La norma establece medidas inmediatas en tres áreas: cambios en impuestos para favorecer la rehabilitación, cambios en las normas sobre comunidades de propietarios para facilitar las obras, y ayudas económicas (créditos y financiación) para pagar la rehabilitación. El objetivo es que en los próximos diez años se renueven 1,2 millones de viviendas, mejorando su consumo energético, accesibilidad y modernización.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto-ley 19/2021 fue el primer instrumento normativo que dio cobertura jurídica al componente de rehabilitación residencial del PRTR español, dotando de más de 6.800 millones de euros en ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad del parque residencial. España tenía uno de los parques de viviendas más envejecidos de Europa, con más de la mitad del parque construido antes de 1980 y un ritmo de renovación del 0,1% anual, muy por debajo del objetivo del 3% que marcan los objetivos europeos. El decreto articuló los programas de rehabilitación a través de las comunidades autónomas mediante acuerdos de colaboración e introdujo deducciones fiscales en el IRPF para los propietarios que realizaran obras de mejora energética, combinando el gasto directo con el gasto fiscal para maximizar el efecto palanca sobre la inversión privada en el parque residencial español.