Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley vasca que establece la metodología para distribuir los recursos financieros entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales y los municipios durante 2022-2026. La metodología regula cómo se reparten los ingresos procedentes del Concierto Económico (principalmente impuestos recaudados en el País Vasco) entre estas instituciones. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las tres Diputaciones Forales (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba), a la Comunidad Autónoma vasca y a todos los municipios del País Vasco. Indirectamente afecta a los ciudadanos y ciudadanas porque determina cómo se financia la provisión de servicios públicos en la región. **¿Qué cambia o establece?** Establece nuevas reglas para distribuir recursos: aumenta del 70,04% al 70,81% la parte que corresponde a la Comunidad Autónoma, incorpora financiación adicional para servicios sociales y políticas de lengua vasca, garantiza que las entidades locales reciban un mínimo del 39,23% de los recursos de su territorio, y establece un Fondo de Ajuste (hasta el 1,45% de los recursos) para equilibrar diferencias entre territorios.
💬 Contexto ciudadano
La Ley vasca de metodología de distribución de recursos y aportaciones de las diputaciones forales para el período 2022-2026 es el instrumento central del sistema de financiación interna del País Vasco, que distribuye entre la Comunidad Autónoma y los tres territorios históricos los recursos obtenidos del Concierto Económico con el Estado. Este sistema, único en su complejidad en España junto con el equivalente navarro, regula cómo se reparte la recaudación de los impuestos concertados entre el presupuesto autonómico vasco y los presupuestos de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La ley de metodología fija porcentajes y criterios de reparto mediante negociación entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, y su aprobación requiere acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, reflejo del carácter pactado del sistema foral que hace de Euskadi un caso singular en el federalismo fiscal europeo.