Orden JUS/1186/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que publica un acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre de 2021 sobre cómo distribuir dinero del presupuesto estatal de ese año entre los ayuntamientos. Este dinero es una subvención destinada a pagar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. **¿A quién afecta?** Afecta a los ayuntamientos que tienen Juzgados de Paz en sus municipios. Específicamente se aplica en las Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia. No se aplica en otras comunidades autónomas (como Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y otras) que tienen acuerdos especiales de traspaso de funciones. **¿Qué cambia o establece?** Fija una tabla de cantidades anuales por municipio según su población: desde 311 euros para pueblos de 1 a 499 habitantes, hasta 2.342 euros para municipios de 7.000 habitantes en adelante. En municipios que forman agrupaciones de secretarías de juzgados, el 50% de la cantidad se reparte entre todos ellos y el otro 50% se suma a lo que recibe el municipio donde está la sede de la agrupación.
💬 Contexto ciudadano
La distribución del crédito para subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz refleja la posición peculiar de estas instituciones en el sistema judicial español, situadas a caballo entre la organización judicial estatal y la administración local, dado que son los propios Ayuntamientos quienes aportan los locales y el personal de apoyo. Los Juzgados de Paz, presentes en más de 7.000 municipios sin Juzgado de Primera Instancia, tramitan asuntos de escasa cuantía civil y certificaciones del Registro Civil, desempeñando una función de proximidad judicial que en otros países europeos —como Francia con sus juges de proximité— se ha cuestionado por su escasa especialización técnica. El módulo anual de distribución del crédito busca compensar a los municipios por los costes de sostenimiento de una infraestructura judicial que beneficia a toda la ciudadanía pero recae materialmente sobre las haciendas locales de los municipios más pequeños.