Real Decreto 953/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un Real Decreto que permite otorgar dinero público directamente (sin abrir convocatoria pública) a fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos. Ese dinero se destina a pagar los gastos de funcionamiento de estas entidades cuando realizan actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social. **¿A quién afecta?** A las fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos que tienen representación en el Parlamento español. El dinero se reparte entre ellas según los diputados que cada partido obtuvo en las Elecciones Generales de noviembre de 2019. En este caso, cubre los gastos de funcionamiento del año 2021. **¿Qué cambia o establece?** Establece que estas subvenciones se conceden de forma directa, sin competencia entre solicitudes, porque la ley presupuestaria fija como criterio de reparto la representación parlamentaria de cada partido, lo que hace incompatible con los procesos públicos normales de subvenciones. Estas entidades quedan sujetas a los controles y sanciones previstos en la ley de financiación de partidos políticos.
💬 Contexto ciudadano
Las subvenciones directas a las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria formalizan un instrumento de financiación de la actividad intelectual y programática de los partidos que existe en varios países europeos con distintos diseños. Fundaciones como la FAES del PP, la Ideas o la Pablo Iglesias del PSOE, la Fundació Rafael Campalans del PSC u otras entidades similares desempeñan funciones de think-tank, formación política y elaboración de programas que los partidos no pueden financiar directamente con los fondos públicos de la Ley de Financiación de Partidos. La regulación mediante real decreto de la concesión directa sin convocatoria pública buscaba dar cobertura legal clara a un mecanismo que en el pasado había generado dudas sobre su acomodo en la Ley General de Subvenciones y en la normativa de transparencia y buen gobierno aplicable a estas entidades.