Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los Ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio que establece cómo el Estado puede entregar a los ayuntamientos aquellas carreteras estatales que se han convertido en vías urbanas. Una carretera se considera vía urbana cuando el tráfico es mayoritariamente urbano y existe una alternativa viaria que sigue siendo parte de la red estatal. **¿A quién afecta?** Afecta a los ayuntamientos que tengan en su territorio carreteras del Estado que cumplan las condiciones para ser vías urbanas. También afecta al Ministerio de Transportes, que es quien gestiona estas entregas. La norma sustituye a un sistema anterior que llevaba paralizado desde 2009-2010. **¿Qué cambia o establece?** Introduce un nuevo sistema de entrega: en lugar de que cada ayuntamiento haga sus propias obras, ahora es el Ministerio quien contrata y ejecuta las mejoras y reformas necesarias antes de entregar la vía urbana al ayuntamiento. Una vez finalizadas las obras y aceptadas por la Administración, el ayuntamiento recibe la carretera bajo su responsabilidad. El Ministerio financia estas obras, sin que el ayuntamiento deba aportar económicamente por este acondicionamiento inicial.
💬 Contexto ciudadano
El establecimiento de un marco para la entrega de vías urbanas de la red estatal a los ayuntamientos clarificó un proceso históricamente conflictivo en España, donde la distinción entre carretera estatal y vía urbana había generado litigios frecuentes sobre quién debía asumir el mantenimiento de tramos de antiguas carreteras nacionales integradas en el tejido urbano. La Ley de Carreteras establece que el Estado puede transferir a los municipios las carreteras de interés general convertidas en vías con tráfico predominantemente urbano, pero los criterios para determinar cuándo se cumplen estas condiciones habían sido objeto de interpretación discrepante. El marco regulatorio aprobado estableció indicadores objetivos y procedimientos claros para formalizar estas cesiones, reduciendo la litigiosidad y clarificando las responsabilidades de conservación y señalización entre el Ministerio de Transportes y los ayuntamientos afectados.