Recurso de inconstitucionalidad n.º 6179-2021, contra el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el artículo 39.ocho de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra una norma asturiana. Se trata de un proceso judicial en el que se cuestiona si el artículo 14 nonies de la ley asturiana sobre tributos cedidos por el Estado es constitucional o viola la Constitución. **¿A quién afecta?** Afecta directamente al Principado de Asturias y a su normativa tributaria. El recurso fue interpuesto por el presidente del Gobierno a través de su abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno central cuestionó esta norma autonómica. **¿Qué cambia o establece?** Desde el 30 de septiembre de 2021 (fecha en que se presentó el recurso), el artículo impugnado queda suspendido y no se puede aplicar mientras se resuelve el proceso. Esta suspensión rige inmediatamente para las partes del procedimiento y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para el resto de ciudadanos y organismos.
💬 Contexto ciudadano
El recurso del Gobierno contra el artículo 14 nonies de la ley asturiana sobre tributos cedidos cuestionó una medida de tributación de la comunidad en el ámbito de los impuestos cedidos por el Estado, materia en que la LOFCA establece el marco de actuación autonómica. Los tributos cedidos —IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones— son impuestos estatales cuya recaudación y en parte la regulación se ceden a las comunidades de régimen común, pero dentro de los límites fijados por el Estado. El recurso evidenciaba la permanente tensión entre la soberanía fiscal autonómica y las restricciones del sistema de financiación, especialmente relevante en el IRPF, donde la diversidad de tipos y deducciones entre comunidades había generado debates sobre la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto en función de su lugar de residencia dentro del territorio nacional español.