Ley 6/2021, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que modifica la normativa del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que es el órgano responsable de controlar y fiscalizar cómo se gasta el dinero público en el País Vasco. La ley busca garantizar que este tribunal sea independiente, imparcial y transparent, reforzando su capacidad de control sobre la actividad económica y financiera del sector público vasco. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las personas que aspiren a ser miembros del tribunal, al Parlamento Vasco (que las elige), y a la ciudadanía vasca. También afecta a las instituciones públicas y entidades del País Vasco que son fiscalizadas por el tribunal, ya que ahora deben publicar más información sobre su gestión. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que los miembros del tribunal solo pueden ser elegidos si obtienen el voto favorable de tres quintas partes del Parlamento Vasco (no simple mayoría). Requiere que sean licenciados en Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales con al menos 12 años de experiencia profesional. Introduce la obligación de paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas. Amplia las incompatibilidades: sus miembros no pueden ser parlamentarios, diputados, senadores, tener cargos en partidos políticos o sindicatos, ni ejercer actividades remuneradas. El mandato dura 6 años máximo y solo se puede repetir una vez más. Además, obliga al tribunal a publicar toda su información en el Portal de Transparencia y establece secreto en sus deliberaciones internas.
💬 Contexto ciudadano
La reforma de 2021 refuerza significativamente la independencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, alineándose con estándares de gobernanza que ya existían en otras CCAA como Cataluña y Comunidad Valenciana, así como en el Tribunal de Cuentas estatal. Mientras que la legislación anterior permitía acceso con mayoría simple parlamentaria, la exigencia de tres quintas partes replica requisitos de organismos independientes en toda Europa, respondiendo a directivas UE sobre transparencia y lucha contra corrupción. La paridad obligatoria y las incompatibilidades ampliadas (prohibiendo cargos partidistas, sindicales y actividades remuneradas) van más allá de lo que establece el Tribunal de Cuentas nacional, posicionando Euskadi entre las CCAA más exigentes. Para el ciudadano vasco, esto traduce en mayor credibilidad del control presupuestario y blindaje frente a politización, aunque aún menos avanzado que marcos germánicos o nórdicos. La publicación obligatoria en Portal de Transparencia cierra una brecha respecto a opacidad anterior, mejorando accountability sobre gasto público.