Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que crea el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado (REA-AGE). Su propósito es permitir que cualquier persona pueda autorizar por escrito a otra persona para que la represente y realice trámites administrativos en su nombre, sin que tenga que pagar nada por hacerlo. La autorización se debe hacer comparecer en persona o electrónicamente ante el registro. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier ciudadano o empresa que necesite que otra persona las represente ante organismos públicos estatales. Afecta también a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que deben permitir el acceso a este registro. Cada ministerio debe designar a una persona responsable de gestionar el registro dentro de su departamento. **¿Qué cambia o establece?** Establece cómo funcionará el registro: qué personas pueden otorgar poder, cuáles pueden recibirlo, y los tres tipos de autorización posible (para trámites ante cualquier Administración, para la Administración estatal específica, o solo para trámites concretos). Define que la Dirección General de Gobernanza Pública es responsable de la gestión y que la Secretaría General de Administración Digital construye y mantiene la plataforma técnica. Aprueba los modelos de documentos que se utilizarán para otorgar, revocar o renovar estas autorizaciones.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PCM/1384/2021 establece el primer registro electrónico centralizado de apoderamientos, modernizando un sistema anterior basado en documentos dispersos (escrituras públicas y poderes privados) que generaba ineficiencias y duplicidades. Se alinea con la estrategia de transparencia administrativa de la UE y la apuesta digital de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Aunque es norma estatal, algunas CCAA (Cataluña, Madrid) han iniciado sistemas paralelos, evidenciando falta de coordinación intergubernamental. Su importancia para el ciudadano es considerable: elimina costes notariales innecesarios para autorizar representación, facilita la gestión remota de trámites (especialmente relevante para migrantes y empresarios), proporciona trazabilidad a la Administración, y democratiza el acceso a servicios públicos al eliminar intermediarios costosos.