Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 1072/2021 crea y regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (F.C.P.J.), un mecanismo del Estado que otorga préstamos a empresas turísticas. Este fondo actualiza y sustituye un anterior de 2007, adaptando su objetivo a financiar proyectos de digitalización de destinos turísticos, innovación y modernización de servicios. Se establece en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España tras la pandemia de COVID-19. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a empresas del sector turístico que deseen acceder a préstamos para mejorar su competitividad. El decreto define que serán beneficiarios las empresas turísticas que presenten proyectos de digitalización de destinos, innovación en servicios y modernización de infraestructuras. También afecta a la administración pública, que gestiona el fondo y resuelve las solicitudes. **¿Qué cambia o establece?** El decreto establece un sistema completo de préstamos: define los tipos de proyectos financiables, crea procedimientos para solicitar y conceder préstamos, fija características de éstos (plazos, condiciones), y establece cómo se controla su ejecución. Deroga la norma anterior de 2010. Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, integrándose en el plan europeo de recuperación económica.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 1072/2021 actualiza el anterior mecanismo de 2007, sustituyendo una estructura que otorgaba préstamos sin énfasis digital. A diferencia del régimen previo, ahora se alinea con las directrices europeas de transformación digital y sostenibilidad turística, incorporándose como proyecto financiable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —alineado con fondos europeos de recuperación post-COVID que todas las CCAA deben implementar en paralelo con normativas autonómicas. Aunque es norma estatal de aplicación nacional, comparte competencias con las comunidades autónomas, que disponen de mecanismos propios complementarios. Su relevancia para el ciudadano radica en que financia la modernización de destinos turísticos y servicios locales, impactando en empleo sectorial y competitividad internacional, mientras vincula inversión privada a estándares europeos de digitalización.