Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Ley 4/2021, de 16 de septiembre, que modifica la Ley 3/2020 sobre recuperación y protección del Mar Menor. Es una reforma de la región de Murcia que refuerza las restricciones sobre descargas y vertidos en el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, debido a problemas de anoxia en sus aguas y daño ambiental causado por contaminación. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas, empresas e infraestructuras que realicen o gestionen vertidos al Mar Menor: agricultores, ganaderos, industrias, administraciones públicas y responsables de sistemas de drenaje de aguas pluviales y freáticas de toda la región de Murcia que desemboquen en el laguna. **¿Qué cambia o establece?** Prohíbe casi completamente los vertidos al Mar Menor, salvo excepciones específicas autorizadas: aguas pluviales controladas, aguas freáticas tratadas con desnitrificación, vertidos accidentales de sistemas de seguridad debidamente comunicados, y aportes de agua de salinas para oxigenación. Exige a los responsables de infraestructuras aplicar medidas preventivas para evitar fugas y comunicar inmediatamente cualquier vertido accidental. Los vertidos de aguas freáticas solo se permiten hasta tres años después de la entrada en vigor de la ley, cuando deben cerrarse y redirigirse a un sistema de tratamiento centralizado.
💬 Contexto ciudadano
La modificación de la Ley del Mar Menor reforzó las restricciones a los vertidos y actividades agrícolas en la cuenca vertiente de la laguna, respondiendo a la crisis ecológica de septiembre de 2021 cuando miles de peces murieron por anoxia en sus aguas. El Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa occidental con sus 135 km², había experimentado desde los años noventa una degradación progresiva por el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura intensiva circundante. La ley de 2020, pionera en reconocer la personalidad jurídica de la laguna como sujeto de derechos —siguiendo el precedente de la ley colombiana del río Atrato y la neozelandesa del Whanganui— fue reforzada en 2021 ante la insuficiencia de las primeras medidas adoptadas para frenar la degradación de un ecosistema único en el litoral mediterráneo español.