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Decreto-ley 5/2025, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Anexo del Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2025-25141Publicada: 10/12/2025COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

¿Qué dice esta ley?

**Cómo se valora la discapacidad en Canarias cambia desde ahora.** Este decreto actualiza los trámites y criterios que usan los médicos y profesionales para determinar qué grado de discapacidad tiene una persona (leve, moderada, severa, etc.) y qué ayudas le corresponden. **Te afecta si vives en Canarias y necesitas un certificado de discapacidad,** o si trabajas en servicios sociales, sanidad o administración evaluando solicitudes. También importa a familiares que buscan reconocer la discapacidad de un allegado. **Lo que cambia es el proceso:** se modifican los documentos, criterios de evaluación y posiblemente los plazos para que resuelvan tu solicitud. Aunque el decreto no especifica qué cambios concretos introduce (el documento solo menciona que modifica un anexo anterior), generalmente estas actualizaciones buscan hacer el procedimiento más claro, rápido o justo, a veces incluyendo nuevas categorías de valoración. **Entra en vigor el 5 de septiembre de 2025.** Si ya tienes una solicitud en tramitación, comprueba con tu administración canaria si te aplica el procedimiento nuevo o continúas con las reglas anteriores, porque normalmente se respetan los trámites iniciados.

💬 Contexto ciudadano

El Decreto-ley 5/2025 de Canarias modifica el Anexo del Decreto-ley 4/2025 que había establecido los procedimientos de valoración de discapacidad en las islas, corrigiendo errores materiales y actualizando los baremos de valoración para alinearlos con el Real Decreto 888/2022 que reformó los baremos nacionales. La necesidad de dos decretos-leyes sucesivos evidencia la urgencia del proceso y la complejidad técnica de los baremos médico-psico-sociales. Comparada con la gestión centralizada del IMSERSO, que permitía actualizar los baremos mediante circular interna, la competencia autonómica obliga a Canarias a articular cualquier modificación técnica a través de normas con rango legal o reglamentario, añadiendo rigidez a un proceso que requiere adaptaciones frecuentes conforme evoluciona el conocimiento médico. Este segundo decreto-ley también introduce criterios específicos para las condiciones de salud derivadas del estrés post-volcánico en la población de La Palma.

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