Real Decreto 1127/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto modifica dos normas anteriores sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE): la que ordena su estructura y funcionamiento, y la que autoriza su lotería instantánea de boletos. Lo hace para actualizar el acuerdo entre el Gobierno y la ONCE que rige desde 2022 hasta 2031, adaptándose a nuevas reglas sobre publicidad de juegos y estableciendo cambios en cómo se controla y autoriza la actividad de la organización. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la ONCE, una corporación pública que agrupa a personas ciegas o con deficiencia visual grave y financia sus servicios sociales mediante loterías. También afecta al Consejo de Protectorado de la ONCE, que es el órgano del Estado que supervisa la organización, y a los ciudadanos que compran productos de lotería de la ONCE. **¿Qué cambia o establece?** El decreto extiende la autorización para vender lotería instantánea de la ONCE hasta 2031 en lugar de 2021. Reforma el Consejo de Protectorado para darle nuevas facultades de control en materia de juego, establece cómo se pueden sustituir los representantes cuando sea necesario, crea una comisión disciplinaria dentro del Consejo, e incorpora al Ministerio del Interior en los trámites de autorización de juegos, junto con el Ministerio de Hacienda.
💬 Contexto ciudadano
La modificación de las normas sobre la ONCE actualizó el marco legal de esta singularísima entidad española, que combina la condición de organización de discapacitados visuales con la gestión de un sistema de juego bajo monopolio privado por concesión estatal. La ONCE no tiene equivalente en otros países europeos, donde las organizaciones de discapacitados se financian generalmente mediante subvenciones públicas o ingresos por servicios y no mediante un modelo de lotería exclusiva. La actualización del acuerdo con el Estado —revisado por última vez en 2011— buscaba adaptar las condiciones de la lotería ONCE a la era digital y reflejar la consolidación del Grupo Social ONCE como uno de los mayores empleadores de personas con discapacidad en España, con más de 70.000 trabajadores en su red de empresas.