Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un nuevo procedimiento para evaluar el grado de discapacidad en Canarias. Cuando alguien solicita reconocer oficialmente su discapacidad, ahora hay reglas claras sobre cómo se examina, quién lo decide y qué pasos seguir. Simplifica y ordena un proceso que antes era más confuso. **A quién afecta** Principalmente a personas con discapacidad que viven en Canarias y necesitan certificado oficial para acceder a ayudas, prestaciones, adaptaciones laborales o servicios públicos. También afecta a la administración autonómica que gestiona estas solicitudes, y a empresas que emplean a trabajadores con discapacidad. **Qué cambia concretamente** Establece criterios uniformes para valorar la discapacidad (física, sensorial, intelectual, psíquica), plazos más definidos para resolver solicitudes, y clarifica quién participa en la evaluación. Busca que el proceso sea más rápido, transparente y equitativo, evitando decisiones inconsistentes. Las personas sabrán exactamente qué documentación presentar y cuánto tardarán en tener respuesta. **Cuándo entra en vigor** Desde el 29 de julio de 2025.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley 4/2025 de Canarias desarrolla los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito autonómico, ejerciendo la competencia ejecutiva que el Tribunal Constitucional reconoció a las CCAA en esta materia hasta entonces gestionada por el IMSERSO. La centralización estatal había generado largas esperas —más de 18 meses en algunas islas— que privaban a personas con discapacidad del acceso a las prestaciones a las que tienen derecho. La transferencia de competencias, asumida por Canarias en 2022, requería un desarrollo reglamentario propio que este decreto-ley aborda, siguiendo el modelo ya implantado por Cataluña, Navarra y el País Vasco en sus sistemas autonómicos de reconocimiento, y tomando como referente los estándares de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la OMS que los nuevos baremos estatales de 2022 incorporaron por primera vez.